La concesión de la licencia de obra para la construcción de un crematorio en el Tanatorio de la M-40 ha generado una fuerte reacción entre los vecinos de los distritos de Usera y Villaverde, quienes denunciaron en las calles el pasado sábado 14 de septiembre, una vez más su cercanía a menos de 250 metros de viviendas, centros educativos y parques. En este sentido, las asociaciones vecinales de San Fermín y El Espinillo, apoyados por miles de vecinos, han criticado duramente la decisión del Ayuntamiento de Madrid, que el pasado 23 de agosto aprobó la licencia “sin consultar ni informar a la ciudadanía”, según afirman los colectivos.
El proyecto, promovido por la empresa Parcesa, ya había sido rechazado en anteriores ocasiones (2002, 2015 y 2021) por no cumplir la normativa municipal vigente. En septiembre de 2021, el Pleno Municipal denegó por unanimidad la licencia de obra debido a la vulneración de la Ordenanza Municipal de Calidad del Aire y Sostenibilidad. Esta ordenanza establece que no se pueden construir hornos crematorios a menos de 250 metros de lugares de permanencia habitual de personas, como viviendas, centros educativos, instalaciones deportivas o parques.
Por su parte, el Ayuntamiento ha argumentado que la concesión de la licencia responde al “acatamiento y cumplimiento” de una sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2021. Esta sentencia surgió tras un recurso presentado por Parcesa contra la denegación de la licencia en 2015, y obligaba al consistorio a emitir una nueva resolución debidamente motivada. Sin embargo, las asociaciones vecinales denuncian que la sentencia no obligaba a conceder la licencia, sino a justificar mejor una posible negativa. Consideran así que el Ayuntamiento ha cedido a las presiones de la empresa, priorizando los intereses económicos sobre la protección de la salud pública.
El fallo judicial se fundamenta en que la denegación original de la licencia en 2015 se basaba en una ordenanza de 1985 que no estaba adaptada a la normativa estatal más reciente, en particular a la Ley de Calidad del Aire de 2007. No obstante, desde 2021 el Ayuntamiento cuenta con una nueva ordenanza de calidad del aire que sí está alineada con esta ley, y que sigue prohibiendo la construcción de crematorios a menos de 250 metros de viviendas y otros espacios sensibles, tal como establece el artículo 22 de la normativa.
Para los vecinos, esta situación supone una grave vulneración de sus derechos y un riesgo directo para su salud. “No podemos tolerar que el Ayuntamiento conceda una licencia que contradice su propia normativa”, denuncian desde la Asociación de Vecinos de San Fermín, que insiste en que la construcción de un crematorio en una zona tan próxima a centros residenciales y educativos supone un atentado contra la salud pública.
Asimismo, los colectivos vecinales critican lo que consideran un trato discriminatorio hacia el sur de Madrid. Según denuncian, los distritos de Usera y Villaverde están siendo utilizados como receptores de equipamientos nocivos para el medio ambiente y la salud, mientras que en otras zonas de la ciudad no se permitiría una situación similar. “Este no es un caso aislado, ya hemos visto cómo en nuestros distritos se concentran depuradoras, subestaciones de gas, plataformas logísticas y otras infraestructuras perjudiciales”, explican los vecinos, quienes consideran que esta es una cuestión que afecta no solo a sus barrios, sino a la ciudad en su conjunto.
En respuesta a esta situación, las asociaciones vecinales presentaron una proposición en el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Usera el pasado 19 de septiembre. En ella exigieron la denegación de la licencia de obra y la modificación de la normativa municipal para declarar a Usera como una zona de especial protección medioambiental y de salud pública. El objetivo: garantizar que no se instalen equipamientos que puedan afectar negativamente al entorno o a la salud de los residentes.
Además, las asociaciones han anunciado que emprenderán acciones legales y políticas para paralizar el proyecto. “No vamos a permitir que una actividad económica ponga en riesgo la salud de los ciudadanos”, afirman. “Si el Ayuntamiento no actúa conforme a la ley, seremos los vecinos quienes nos encarguemos de que se respete”, concluyen.
La controversia en torno a la construcción del crematorio han resurgido y, según ambas entidades vecinales, las movilizaciones continuarán en los próximos días con el objetivo de frenar un proyecto que consideran incompatible con la salud y la calidad de vida en sus barrios.
Aquí una venu na de Usera que dice bien alto: “NO AL CREMATORIO”